La Constitución de la República del Ecuador del Registro
Oficial 449 de 20-octubre del 2008 en su Art. 66 numeral 26 reconoce y
garantizará a las personas el derecho a la propiedad en todas sus formas, con
función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la
propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras
medidas.
La misma carta magna en su Art. 321
establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus
formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta,
y que deberá cumplir su función social y ambiental.
La igual carta suprema en su Art. 322 indica
que se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que
señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos
colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se
prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la
diversidad biológica y la agro-biodiversidad.
La misma carta superior en su Art. 323 señala
que con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable
del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por
razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la
expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de
conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.
El mismo instrumento en su Art. 324 menciona
que el Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y
hombres en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones para la
administración de la sociedad conyugal.
El Art. 599 del Código Civil del Registro Oficial Suplemento 46 de 24-jun.-2005,
establece que dominio, que se llama también propiedad, es el derecho
real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las
disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o
social. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda
propiedad.
El Art. 584 del mismo código señala que las
cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles.
El Art. 595 de la misma norma indica que el
derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada
persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo,
uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca.
De estos derechos nacen las acciones reales.
El Art. 937 del mismo instrumento menciona
que la acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la
propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa.
El Art. 718 de la misma ley
tipifica que el justo título es constitutivo o translativo de dominio. Son
constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción. Son
translaticios de dominio los que, por su naturaleza, sirven para transferirlo
como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las
sentencias de adjudicación en juicios divisorios, y los actos legales de
partición. Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos no forman nuevo
título para legitimar la posesión. Las transacciones, en cuanto se limitan a
reconocer o declarar derechos preexistentes, no forman nuevo título; pero, en
cuanto transfieren la propiedad de un objeto no disputado, constituyen un
título nuevo.
El Art. 739 del mismo
instrumento legal señala que si la cosa es de aquellas cuya tradición deba
hacerse por inscripción en el correspondiente libro del Registro de la
Propiedad, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio.
El Art. 702 del mismo código establece
que se efectuará la tradición del dominio de bienes raíces por la inscripción
del título en el libro correspondiente del Registro de la Propiedad.
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